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ALBISTEAK //

Libertad de impresión


Desde que el pasado 16 de febrero Pablo Hasél fuese aprehendido en la Universidad de Lleida donde se había parapetado para evitar, o al menos retrasar, su detención, los actos de protesta se han multiplicado. El rapero catalán fue condenado a dos años de prisión en 2014 por enaltecimiento del terrorismo, debido a que en el contenido de sus canciones ensalzaba a grupos terroristas como GRAPO, RAF o Terra Lliure. Cuatro años después, la Audiencia Nacional lo consideró culpable de los delitos, de nuevo, de enaltecimiento del terrorismo e injurias a las Corona e instituciones por sus comentarios e insultos en las redes sociales.

 
Este segundo juicio, que pudo seguirse a través de la televisión, puso en el foco el debate de dónde se encuentra el límite de la libertad de expresión. El Tribunal Supremo considera que muchos de los tuits de Hasél exceden los límites de este derecho e incitan a la reiteración de actos terroristas. Sin embargo, no está documentado ningún episodio en el que persona alguna haya cometido una acción violenta tomando las letras de las canciones y tuits del rapero como referencia. Por el contrario, la publicidad y notoriedad que consiguió con un juicio tan viral, ha permitido que mucha gente que no le conocía se adhiriese a su causa y enarbolase la bandera de la libertad de expresión.

No es el primer artista que se ve en esta situación. El también rapero catalán Valtònyc, condenado a tres años y medio de prisión por las letras de sus canciones y actualmente exiliado en Bruselas, César Strawberry de Def Con Dos, los titiriteros de Madrid, Alfonso Lázaro y Raúl García, La tuitera Cassandra Vera, pero también Fermín Muguruza o Soziedad Alkoholika, por citar algunos ejemplos. Y en la mayoría de los casos el origen está en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, conocida popularmente como Ley Mordaza, que entró en vigor el 1 de julio de 2015. Una ley que también han sufrido periodistas e incluso personas anónimas por sus mensajes en redes sociales.

Pero como siempre ocurre en estos casos en los que la interpretación de la ley tiene un peso determinante, no funciona igual para todos. La semana pasada, con motivo del fallecimiento del general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, pudimos comprobarlo. Condenado a 75 años de cárcel por el secuestro y asesinato de Lasa y Zabala dentro del caso GAL de los que solo cumplió cuatro, Galindo ha recibido infinidad de loas públicamente en redes sociales, no solo de personas anónimas sino también de parte de cargos públicos como Macarena Olona, Hermann Tertsch o Jorge Buxadé. Además, el propio partido VOX en redes sociales y en sede parlamentaria y la misma Guardia Civil emitieron mensajes en su honor, el de un terrorista condenado. Pero de momento no parece que vayan a recibir ni siquiera una reprimenda pública por ello, quizás amparados en el derecho a la libertad de expresión. Un Rodríguez Galindo que, por cierto, denunció a los diarios Diario 16 y Egin por publicar noticias relativas a su conexión con redes de narcotráfico y trata de blancas. También denunció al grupo Negu Gorriak por la letra de la canción «Ustelkeria», inspirada en una noticia publicada en Euskaldunon Egunkaria. Perdió todos los juicios.

Conviene recordar, además, ya que hablamos de la libertad de expresión y de Egunkaria, que el pasado sábado se cumplieron dieciocho años de uno de los actos contra la libertad de expresión más infames que se recuerdan: el cierre del diario Euskaldunon Egunkaria por parte del juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, acusado de ser un instrumento de ETA. Además, detuvo a diez personas de la dirección por su presunta relación con ETA. Siete años después, se comprobó mediante una sentencia que las medidas adoptadas por el juez del Olmo habían sido infundadas, como ocurrió en 2009 con la sentencia del diario Egin. Para cubrir la vacante del diario Euskaldunon Egunkaria, los trabajadores de Egunkaria publicaron el 21 de febrero de 2003 el primer número del diario 'Egunero', con una venta de 50.000 ejemplares (las ventas del periódico eran de 15.000 a favor).

Así que visto lo visto, que un Estado que ha hecho cerrar medios de comunicación vulnerando la libertad de expresión vaya contra cantantes o tuiteros no debería impresionarnos demasiado.




Sergio Martínez